COOPERATIVA PETROLERA EN ALTO RIESGO. Hidrocarburos

Febrero 27 de 2015

La Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol)  fundada hace 62 años por trabajadores petroleros y una de las más grandes del país entró en grave riesgo financiero.

Las reiteradas irregularidades financieras y administrativas denunciadas desde el 2013 precipitaron la intervención por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Coopetrol, constituida inicialmente por trabajadores de Ecopetrol, se amplió luego a trabajadores del sector petrolero y energético. La renovada institución inició operaciones financieras a partir de octubre de 2002 como cooperativa especializada en ahorro y crédito, alcanzando hasta la fecha activos por 302.836 millones y congregando a 27.601 asociados.

La solidez demostrada durante 13 años se puso en tela de juicio con las anomalías detectadas por los organismos de control. Los hallazgos conocidos por LA NACIÓN precipitaron su intervención.

La superintendente Dunia Soad de la Vega, advirtió que la determinación es transitoria y está orientada a proteger los intereses de los asociados y  la confianza en el sector. “Una vez corregida las causales  que llevaron a la toma de posesión, esperamos entregar la cooperativa a sus asociados  recuperada y fortalecida”, recalcó la funcionaria.

PRIMERAS DENUNCIAS

Las irregularidades fueron denunciadas por los asociados en el 2013, especialmente en el manejo de créditos,  cobros de cartera e indebida coadministración, que pusieron en alto riesgo su sostenibilidad.

Una primera auditoría evidenció, entre otros aspectos, deficiencias en el proceso de otorgamiento y seguimiento de créditos, violando expresas normas sobre el particular.

Las anomalías se produjeron, según el reporte, por falta de un procedimiento adecuado de evaluación de capacidad de pago y solvencia de los deudores y codeudores. También  se detectaron fallas de seguimiento y control de la cartera de créditos. Pese a las recomendaciones, las irregularidades se continuaron registrando. El último reporte quedó consignado en noviembre de 2014.

Hallazgos

De acuerdo con los documentos en poder de LA NACIÓN, la Gerencia General de la entidad aprobó créditos que no estaban dentro de su competencia, incumpliendo el reglamento del servicio de crédito.

Se confirmaron  133 obligaciones aprobadas por el gerente general que ascienden a $5.484.1 millones con corte a noviembre de 2014. Siete de estas obligaciones fueron aprobadas por montos superiores a $100 millones y presentan calificación “A” al corte del 31 de marzo de 2013; Otras 18 obligaciones se encuentran en mora y representan el 18%; el 9% de los créditos aprobados por la gerencia corresponden a la línea de crédito TDC.

También se observaron movimientos (aumentos de cupo) que suman $415 millones, otorgados entre junio de 2012 y marzo de 2013, en la mayoría de los casos, sin la documentación requerida para la aprobación de tales cupos.

“En la validación a los saldos de cartera y montos aprobados por las diferentes instancias reglamentadas, se observan 176 créditos por un valor a capital de $ 5.411 millones de pesos aprobados por la Gerencia, quien según lo indicado en el numeral 2.1 de Reglamento de Crédito no tendría tal potestad (…), precisó el revisor fiscal en un informe presentado en mayo de 2013.”

CRÉDITOS A DEDO

Según la Superintendencia de Economía Solidaria hasta agosto de 2013 se habían desembolsado créditos por valor de $19.283,63 millones con excepciones. Numerosos créditos fueron aprobados previamente  sólo con el visto bueno del presidente del consejo de administración, quien no tiene individualmente atribuciones de crédito. Estos desembolsos ascendieron a $2.560.7 millones y corresponden a 80 créditos, los cuales representan el 1% de la cartera de la cooperativa y registran una mora del 11.4% a la fecha señalada.

“Al parecer correspondía al tratamiento de casos especiales que se convirtió en una práctica de aplicación general para aprobar créditos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y en los reglamentos de la Cooperativa”, según el informe conocido por LA NACIÓN.

“Esta política- agregó- se ha visto reflejada en el incremento del riesgo crediticio de la cooperativa en la medida que tales operaciones han alcanzado un porcentaje representativo de la cartera, por lo cual podría hablarse de una práctica insegura generalizada”.

MODIFICACIONES AMAÑADAS

En un periodo de tres años se realizaron 39 modificaciones al reglamento de crédito para flexibilizar las exigencias para el otorgamiento de créditos. Y para hacerlo eliminaban los requisitos para aprobaron los empréstitos.

Durante el año 2010, el reglamento fue modificado 16 veces; en el año 2011, 8 veces; en el año 2012 se modificó 10 veces y en el año 2013 a la fecha de la visita, se había modificado 5 veces. Esta situación representa un riesgo para la organización cooperativa en la medida que se dificulta su conocimiento y aplicación objetiva por parte de los funcionarios del área de crédito y personal de las oficinas.

ALERTAS

Las prácticas generalizadas despertaron las alertas. Las deficiencias en la colocación de créditos, incrementó la cartera castigada que para agosto de 2013 era de $11.019 millones de pesos y para septiembre de 2014 asciende a $11.583,22 millones de pesos. Y para completar la cooperativa no realizó una adecuada gestión de cobro de la cartera ni para detener el crecimiento de la cartera castigada.

“El problema de gobernabilidad comienza a trascender hacia lo financiero, puesto que ante la falta de políticas en materia crediticia claramente definidas, se otorgaron créditos por instrucciones directas de la presidencia del consejo de administración que no cumplían con los requisitos establecidos en los reglamentos, colocando en riesgo el retorno de este activo”, reportó el informe fiscal.

En  opinión de la Superintendencia los criterios para otorgar esos créditos, sin soportes,  no justifican plenamente la colocación de recursos de la entidad en esas condiciones. Además, aumentaban la incertidumbre en el recaudo futuro de los dineros, aceleran la cobertura con provisiones por sufrir deterioros no solo por variables del entorno económico y que al final resulta en la aplicación excepcional de castigos.

El total de cartera a diciembre de 2013 equivale a $272.122 millones. Según el organismo de control, el índice de cartera más alto reportado en los últimos cuatro años, refleja un aumento respecto al año 2012 de $13.522 millones.

La cartera morosa de la Coopetrol al cierre de 2013 era del 9.62% es decir $26.079 millones denotándose un aumento frente al año 2012 donde el indicador de cartera alcanzaba el 7.3%, representada en $18.792 millones.

En el análisis financiero se encontró una concentración de la cartera en un reducido y privilegiado grupo de veinte asociados, que representa el 2.4% del total de la cartera, con saldo a capital a diciembre de 2013 por valor de $6.501.889.285. De éstos tres asociados encabezan el listado con una concentración del 9% y 8% con saldos a capital de $614.717.888, $544.910.350 y 517.774.204 respectivamente.

Medidas urgentes

Para  prevenir un mayor deterioro patrimonial de la organización y la afectación de los recursos de los asociados, la Superintendencia de Economía Solidaria tomó posesión de los bienes y negocios de la entidad cooperativa. La decisión fue anunciada el 28 de enero pasado y se amplió el 6 de febrero pasado. Las dos decisiones se adoptaron como medidas preventivas. Sin embargo, para la mayoría de los asociados era desconocida.

La adopción de la presente medida no implica la suspensión del ejercicio de la actividad financiera.

La entidad separó automáticamente de la administración de los bienes de la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol) a al Representante Legal a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros de la Junta de Vigilancia (principal y suplente) de la cooperativas intervenida.

Martha Nury Beltrán Misas y Fernán Enrique Pérez Fortich asumieron el control de la entidad.  Como agente especial fue designado Héctor Raúl Ruiz, quien viene ejecutando las medidas.

La Superintendencia ordenó a Coopetrol la suspensión de la compensación de los saldos de los créditos otorgados a asociados contra aportes sociales. También los pagos de las obligaciones de la entidad intervenida causadas hasta el momento de la notificación, diferentes a las operaciones de redescuento. Sin embargo, pese a las medidas cautelares adoptadas por la entidad, regionalmente, los manejos irregularidades persistieron.

Numerosos asociados del Huila, sorprendidos con las decisiones que le eran desconocidas, denunciaron que pese a las medidas, en Neiva siguieron captando recuesos ilegalmente.

lanacion.com.co

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